En el presente artículo, la autora destaca la importancia de la integridad pública como elemento transformador de la gestión en empresas del Estado, en la búsqueda de una mayor eficiencia y rentabilidad sin menoscabo de su función de servicio a la ciudadanía, poniendo énfasis en las iniciativas en curso en el sector empresarial del Estado peruano alineadas con mejores prácticas internacionales.
La integridad pública, entendida como la conducta coherente con los valores, principios y normas que orientan la utilización de los recursos públicos en función del interés general y la creación de valor público, dejó de constituir un concepto circunscrito a las entidades tradicionales del aparato estatal. Hoy día, es importante que la Secretaría de Integridad Pública (SIP), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), haya incorporado su aplicación a las empresas estatales, dado el papel estratégico de estas en la economía nacional y su responsabilidad de administrar eficientemente los recursos públicos.
A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual el Perú procura adherirse, ha venido promoviendo estándares de integridad empresarial en el sector público, que están recogidos en documentos clave como, por ejemplo, las Directrices sobre gobernanza de empresas de propiedad del Estado (2015) y el Marco de integridad pública (2017). En ambos casos, se pone énfasis en que las empresas del Estado deben adoptar principios equivalentes a los del sector privado en materia de control interno, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y transparencia, sin renunciar a su mandato de servicio público.
Realidad en el ámbito peruano
El Perú ha asumido estos compromisos como parte de su proceso de acercamiento a la OCDE. Así, entidades como Fonafe han incorporado criterios de integridad y buen gobierno corporativo, promoviendo códigos de ética, canales de denuncia, controles internos y programas de compliance en las empresas bajo su ámbito. Asimismo, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción incluye lineamientos que pueden ser aplicados a empresas públicas.
No obstante, en el Perú aún subsiste una brecha entre el diseño formal de estos sistemas y su implementación efectiva. Un análisis comparativo realizado en Brasil (publicado por la Universidad Javeriana, de Colombia, en 2019) reveló que, pese a la existencia de unidades de cumplimiento, auditoría interna y alta dirección formalmente activas, no se encontró una correlación estadísticamente significativa entre estas estructuras y el desempeño empresarial medido por indicadores objetivos. Esto llevó a algunos analistas a poner en duda la utilidad de los mecanismos de integridad como factores determinantes de la eficiencia o rentabilidad empresarial.
Esta interpretación resultaría parcial. La integridad institucional no siempre se traduce en resultados financieros inmediatos, pero sí se traduce en condiciones de sostenibilidad, reputación, control de riesgos y atracción de financiamiento internacional. En economías como la peruana -donde las empresas estatales gestionan recursos significativos y operan en sectores sensibles como energía, transporte o telecomunicaciones-, contar con sistemas robustos de integridad y compliance es una garantía de legalidad y de eficiencia a mediano y largo plazos. Y eso es parte del desafío que las empresas estatales se encuentran asumiendo.
Además, las prácticas de integridad alineadas con estándares OCDE permiten al país mejorar su clima de inversión, fortalecer su gobernanza pública y reducir los costos asociados a la mala gestión. Según el Banco Mundial, los países que fortalecen sus mecanismos de integridad en empresas públicas logran reducir en un 20% los sobrecostos en contrataciones, mejorando así su competitividad. (1)
En consecuencia, las empresas del Estado deben constituirse en referentes de buenas prácticas, liderando la implementación de modelos de gestión ética y orientada al interés público. No se trata únicamente de alinearse con estándares internacionales de integridad y cumplimiento, sino de garantizar que el capital público bajo su administración se utilice de manera eficiente, contribuyendo al desarrollo nacional y al bienestar de la ciudadanía.
Dado que la integridad pública debe entenderse como un principio rector que oriente el ejercicio legítimo del poder y de los recursos del Estado, su aplicación resulta exigible a las empresas de propiedad del Estado. La incorporación de estándares de integridad estatal no representa una limitación a su eficiencia operativa, sino constituye una condición indispensable para garantizar su legitimidad institucional, sostenibilidad a largo plazo y productividad en el marco de una economía moderna, transparente y orientada al interés público.
(1) 1 World Bank (2019). Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption.
Carmen Beltrán
Asociada y Líder del Comité de Mujeres en Sector Público de Women CEO Perú.
Directiva senior en gestión estratégica y pública, con más de dieciocho (18) años de experiencia en gestión y asesoría legal en empresas privadas y del estado, así como entidades públicas. Docente en temas de liderazgo, competencias directivas y gestión de la cooperación internacional.
