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Artículo

La inclusión financiera y la articulación público-privada

En el presente artículo, la autora destaca los avances que se registran en el fomento de la inclusión financiera en el Perú, los cuales obedecen al trabajo de articulación público-privada y a la digitalización financiera; así como destaca los retos a encarar para cerrar las brechas que aún persisten.

Indicadores de los avances

La inclusión financiera, definida como “el acceso y uso de los servicios financieros de calidad para todos los segmentos de la población”, según el Reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas financieros, de seguros y de pensiones de la SBS, ha avanzado gracias al trabajo colaborativo de articulación público-privada en los últimos años, además de la digitalización financiera que seguirá siendo un reto para su avance.

Según dicho Reporte, el Perú se ubicaba como el segundo país, dentro de un conjunto de siete países latinoamericanos, con mayor número de cajeros automáticos y agentes corresponsales por cada 100 mil habitantes adultos en 2023. Sin embargo, se ubicaba en el penúltimo puesto con respecto al número de depositantes con cuentas en el sistema financiero.

En el Perú, según el referido reporte, el acceso a los servicios financieros ha aumentado gracias al crecimiento de canales digitales de atención. Así, entre 2019 y 2024, los puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos aumentaron un 75%, como resultado de la expansión de red de atención mediante cajeros corresponsales y del mayor número de puntos de atención que comparten las entidades.

Asimismo, el uso de servicios financieros mediante la tenencia de cuentas de ahorros pasó de 41% a 59% en el mismo periodo. El uso de canales virtuales también creció. Según el mismo reporte, el número de operaciones mediante banca digital se multiplicó más de 18 veces en cinco años, pasando de 27 millones en junio de 2019 a casi 500 millones en junio de 2024, aun cuando el monto promedio por operación se redujo.

La política de confinamiento durante la pandemia fue vital para el incremento en el uso de los canales digitales, sobre todo en zonas urbanas. Entre 2020 y 2021 se aceleró el uso de la cuenta DNI, que fue utilizada para la distribución de subsidios económicos durante la pandemia. Asimismo, la masificación de los pagos digitales gracias a la interoperabilidad de los servicios de pagos, el mayor uso de las billeteras digitales y el avance de las microfinancieras han contribuido al mayor uso de los sistemas financieros.

Retos a enfrentar

Aún existen retos para seguir incluyendo a más peruanos a servicios financieros de calidad. Según la edición 199 de la revista Moneda, que publica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el crecimiento de la bancarización no ha sido uniforme entre las regiones en los últimos años, y dichas diferencias se explican por factores socioeconómicos y ligados a la infraestructura de conectividad.

En efecto, los hogares con menores ingresos, más informales y con jefes de hogar con menos años de estudio tienen menor acceso y uso de servicios financieros de calidad. Asimismo, a nivel urbano la tenencia de cuentas como porcentaje de la población adulta ha pasado de 43.6% en 2019 a 59.6% en 2023, mientras que a nivel rural pasó de 26.1% a 37.9%, en similar periodo.

Así, existe una oportunidad para seguir incluyendo financieramente a los hogares más vulnerables con el trabajo de articulación público-privada. Además, teniendo claras las diferencias entre áreas urbanas y rurales, se debe continuar con las iniciativas público-privadas que existen a nivel rural, modelos de educación financiera con capacitaciones, y asistencias técnicas que contienen programas de desarrollo empresarial sostenible, a través de Cofide. Estos se basan en la creación de uniones de crédito y ahorro, apoyadas a través del Fondo Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (FIDER) que se creó con PEN 50 millones en 2023.

Este programa es como el pilar cero de la inclusión financiera antes de integrarse al sistema financiero formal, pero ha demostrado tener un impacto en la mejora de la calidad de vida de la población, el fomento del ahorro permanente y el enfoque de género que da independencia económica a sus asociadas.

A 2024, el programa se encontraba presente en ocho regiones del país, pudiendo escalar a través del FIDER, y se podría implementar en los departamentos que presentan un índice de inclusión financiera por debajo del promedio privado. Este programa es parte de la Política Nacional de Inclusión Financiera que busca promover una cultura de ahorro permanente.

Brigitt Bencich

Asociada de WomenCEO Perú.