Hace pocos días Governart con el apoyo del PRI publicó el Estudio sobre Inversión Responsable 2022, el cual concluyó que nuestro país aún se encuentra con un avance regular en el proceso de consolidación de las prácticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza, por sus siglas en inglés). También sostiene que, en los países de Latinoamérica, donde no operan fondos de pensiones privados, tanto la profundidad del mercado de capitales como el peso de inversionistas institucionales para implementar prácticas de inversión responsable son muy limitados.
Ello invita a reflexionar sobre el grado de confianza del mercado de inversiones respecto a las prácticas ESG y los retos que presenta. Recientemente, The Economist (julio 2022) ha criticado esta corriente por supuestamente no brindar lineamientos sobre el inevitable trade-off que implica implementar los distintos objetivos que persigue (financieros y no financieros); tener un problema de incentivos, ya que no se apreciaría que su implementación conlleve a mejorar el desempeño financiero; y tener un problema de medición considerando las distintas metodologías de scoring que hay en el mercado.
Además, en Estados Unidos existe tal polarización que algunos estados (e.g., Maine) obligan a los administradores de planes de pensiones estatales a excluir posiciones relacionadas con determinados elementos (e.g., armamento, petróleo, carbón), mientras que otros (e.g., Texas), literalmente en la antípoda, obligan a excluir inversiones en empresas que boicoteen contra el sector de combustibles fósiles.
Respecto a los retos del movimiento ESG, resulta necesario tener estándares y metodologías globales que puedan ser aplicados por empresas e inversionistas de manera uniforme, previniendo así situaciones de greenwashing. También se necesita un proceso robusto de tercera línea (auditoría, control interno) sobre prácticas ESG, el uso de información que demanda el mercado, así como regulación que fomente la transparencia de las inversiones ESG (divulgación y reporting).
Localmente, los inversionistas institucionales miembros del PIR, junto a su asesor técnico LACADI, ya han constituido un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras según las recomendaciones TCFD, lo cual permitirá contar con lineamientos para un reporte de los riesgos y oportunidades asociados con el clima de sus negocios. Recordemos que dichas recomendaciones TCFD han sido apoyadas por la SMV como parte de la mejora del gobierno corporativo y la adopción de mejores prácticas en el mercado de valores peruano.
Sheila La Serna.
Primera Vicepresidenta del Consejo Directivo Procapitales y Asociada WomenCeo Perú.
